Cuando parecía que no había posibilidad que el Perú saliera del centro de las miradas en el hemisferio por los temas de corrupción asociados a los últimos seis gobiernos (desde Interoceánica, Odebrecht, pasando por las vacunas de Vizcarra, hasta los casos que involucran a Castillo) que han llevado a tres ex presidentes a compartir celdas en Barbadillo, un terremoto sacude la región andina.

Dos países de la región andina enfrentan serios casos de escándalo asociados al narcotráfico, que pueden terminar sepultando dos procesos de izquierda, una la de “Colombia Humana” y el “Pacto Histórico” de Colombia y otra la del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia, respectivamente.

No es gratuito, que, desde hace 50 años, y a pesar de los esfuerzos hechos por la ONU, EE. UU y la UE, tres países de la región COL/PER/BO son el origen de toda la cocaína que se consume en el mundo. Un mercado ilegal tan asimétrico y exponencial en sus ganancias, permea todo: partidos, gobiernos y sindicatos.

En el primer caso, se trata de la investigación hecha por el Fiscal Mario Burgos contra Nicolás el hijo mayor de Gustavo Petro, y su ex esposa, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Ellos fueron detenidos entre el 29/30 de julio, aunque todo empezó con los audios del ex embajador en Venezuela Armando Benedetti, que hace referencia a los dineros para la campaña. Como parte de la investigación y para liberarse de una segura cárcel, el hijo del presidente ha ofrecido declarar a la Fiscalía (Fiscal Francisco Barboza elegido en anterior gobierno de Duque). Ha señalado que ingresaron dineros provenientes del narcotráfico a la campaña presidencial del 2022, la misma que determinó la victoria de Gustavo Petro quien se encuentra a pocos días de cumplir un año en el gobierno.

Es de notar la presencia de personajes oscuros en la política de la Costa Atlántica, particularmente durante la campaña de Petro: desde el ex narco Samuel Santander Lopesierra, “Hombre Malboro”, pasando por Alfonso del Cristo “El Turco” Hilsaca Elajdue, oscuro contratista del Estado en materia de alumbrado público, hasta Euclides Torres y Erilce “La Gata” López, empresaria del chance en Sucre. Sobre el primero ya pende la acusación de Nicolás Petro de aportes a la campaña de su padre.

Este incidente hace recordar el denominado Proceso 8000 (mismas circunstancias), que acompañó el gobierno de Ernesto Samper. Sin duda, se han activado todos los actores opuestos a Petro, dentro de Colombia (conservadores, el propio ex presidente Iván Duque que fuera acusado en marzo del 2020 por Petro candidato, por el escándalo de la ñeñe política). Asimismo, se han activado todos los mecanismos constitucionales, desde Fiscalía, Ministerio Público, Procuraduría, Comisión de Acusación en la Cámara, que seguramente se encargarán de adelantar todas las pruebas e indicios que empezarán a salir. Este escándalo apunta a la línea de flotación de Petro quien siempre se manifestó en contra de una forma de hacer política.

En pocos días se cumple un año de mandato, estamos ad portas de la Cumbre Amazónica (8/9 de agosto), entonces esta tormenta política afectará la estabilidad del gobierno, pondrá en tela de juicio su futuro, y afectarán las agendas domésticas e internacionales de Petro, además de una posible acusación ante la Corte Suprema. Por lo pronto el presidente ha señalado que se no entorpecerá las investigaciones y que de ser cierto sería el primero en irse.

En el caso boliviano tenemos como marco general el enfrentamiento del ex presidente Evo Morales (2006/2019) con el actual mandatario Luis Arce (2019/2024), por determinar la candidatura del MAS el 2024. No es sino la pugna entre dos corrientes dentro del MAS, pero hacen uso de la evidente expansión del narcotráfico en el Cono Sur proveniente desde Perú y Bolivia, para embarrar a políticos de todo pelaje. Nadie dice que esto se debe al incremento del mercado internacional de consumidores (22 millones).

En los últimos meses, principales voceros del masismo histórico se han encargado de fijar la puntería contra el presidente Arce y sus principales funcionarios en el Ministerio de Gobierno y la FELCN. Sin duda esto no es gratuito. Han venido sucediendo un conjunto de acontecimientos, desde el descubrimiento de un alijo de cocaína en febrero de 2023 en España (478 kgs), otros decomisos en Argentina, Paraguay y Chile, que involucra a autoridades de Aduanas y de aeropuertos. Luego, vendría el caso más duro el de un traficante uruguayo camuflado de futbolista, Sebastián Marset, que domiciliaba en la ciudad de Santa Cruz y que ha podido escapar a la persecución policial, no sin antes acusar a funcionarios policiales de haber recibido dinero del narcotráfico.

¿Qué análisis podemos hacer?

En el pasado reciente, otros gobiernos conservadores o de derecha de cualquiera de nuestros países se han visto salpicados por escándalos similares: desde el dictador García Meza (1980/1981), los gobiernos de Hugo Banzer (1971/1978 y 1997/2001) en Bolivia, hasta el gobierno de Alvaro Uribe (2002/2010) y sus relaciones con paramilitares y el cartel de Medellín en Colombia. En el caso peruano, el caso paradigmático es el de Alberto Fujimori (1990/2000) y su principal asesor Vladimiro Montesinos que se acercó a las organizaciones traficantes de México, aunque ambos se encuentran en la cárcel. El ciclo ilícito no tiene límites ideológicos. Ahora ocurre con el MAS y con el Pacto Histórico, como antes ocurrió en Cuba con el general Arnaldo Ochoa (1989), quien fuera fusilado. Lo que resulta absolutamente controversial es la tremenda ingenuidad de los procesos progresistas para no entender la naturaleza y limites de los negocios oscuros del narcotráfico, especialmente durante las campañas electorales, o en el marco de una competencia electoral.