La guerra contra las drogas es un fracaso global. Existen muchas evidencias políticas, jurídicas y científicas que acreditan los escasos resultados de la lucha antidroga basada en la represión penal; así lo han establecido el informe de la OEA, la Declaración de la más reciente cumbre de Naciones Unidas del 2016.

Los mercados y mafias internacionales de narcotráfico se han valido de estos errores de los Estados y comunidad internacional, para consolidar sus enormes ganancias y amplias posibilidades de mantener sus negocios ilícitos.

La resistencia del mundo rural alrededor de la coca. Pese a la restricción, el mundo andino amazónico ha sobrevivido con la coca pese a la violencia de Sendero Luminoso, los narcotraficantes, invasores, mineros ilegales, taladores e incluso, la corrupción policial/militar cuando esta ha ocurrido. Desde 1952, los sucesivos gobiernos peruanos han intentado de todas las formas posibles de eliminar la masticación de coca y los cultivos de coca, formando el Monopolio de ENACO, impidiendo los cultivos legales y su transmisión, congelando el empadronamiento y registro al existente desde 1978, impidiendo competencias a Municipios y Gobiernos Regionales (2005). Así mismo sucedió con la creciente criminalización de los productores como narcotraficantes, así como el mantenimiento por 20 años del estado de emergencia en el VRAEM, bajo el pretexto del peligro “narcoterrorista”. Hablemos claro, la Provincia Constitucional del Callao es mucho más peligrosa que el VRAEM, de acuerdo a las cifras existentes.

Durante el 2015, trabajamos asesorando a la agencia antidroga boliviana (CONALTID), que empezaba a diseñar la legislación necesaria para reemplazar la Ley 10008. Desde Agosto del 2016 que entramos a trabajar como asesor de la Congresista Tania Pariona, representante por Ayacucho, empezamos a revisar los intentos legislativos fracasados y entendimos que no se trataba de realizar Proyectos declarativos que llamaran a la Coca como Patrimonio Natural como pretendieron algunos congresistas antiguos y actuales como los de Nancy Obregón, Elsa Malpartida, Walter Acha y ahora, Humberto Morales.

Características del nuevo régimen. Se trata de abordar un nuevo Régimen que delimite los cultivos aceptables, es decir que de los actuales 53,000 hás de coca existentes, se puede aceptar un promedio de hasta 20,000 has de coca, tanto para usos tradicionales y modernos. El resto, deben estar sujetos a una reducción pacífica y progresiva. Tenemos la certeza que una industria nacional desconcentrada y abierta al uso legal de los mercados modernos, centrada en primer lugar en la venta nacional de la harina de coca (ejercicio a partir de los 6 soles que cuesta la bolsa de 50 grs en el Mercado Central) ,

Pero además, se trata de acordar una nueva Ley que no solo reemplace al D.L. 22095 y las leyes conexas de ENACO, del CORAH, sino que establezca el control social de los cultivos y los cultivadores, de forma escalonada, por parte de su propia comunidad y solo de manera suplementaria, con participación de la Policía Nacional. Estamos completamente convencidos que una nueva fórmula puede ser mucho más exitosa y menos violenta, ahora que las organizaciones del VRAEM plantean una próxima Marcha hacia Lima, para el 1 de julio próximo, ante el fracaso de los últimos intentos de dialogo con el gobierno de PPK.

En segundo lugar, se debe entender que para que cualquier erradicación de cultivos de coca sea sostenible y definitiva, debe ser consecuencia del previo otorgamiento de otras salidas económicas al campesino y sus familias. Ni el café, ni el cacao, ni ningún otro cultivo “alternativo”, por si solos, pueden competir con la tremenda asimetría de precios que generan los mercados ilegales ligados al narcotráfico, como lo demuestran los actuales precios de estos en el mercado nacional e internacional (4 soles y 3 soles kilo de cacao y café, respectivamente).

Por ello, en las últimas semanas hemos puesto a disposición de las organizaciones de campesinos cocaleros (FEPCACYL en Cusco y FEPAVRAEM en el Vraem), una propuesta legislativa trabajada en el Despacho, de 60 artículos que contiene las bases para un nuevo régimen legal y administrativo que parta por aceptar parcelas de hasta media hectárea de coca en el entendido que se basa en la canasta familiar campesina en las localidades de selva alta. Entendemos además que se debe realizar un nuevo empadronamiento y registro que ponga las cosas en información actual, flexible y modificable conforme se acepte que los 60,000 productores de la Selva Alta acepten un nuevo pacto con el Estado, con derechos y obligaciones en relación a sus cultivos, su destino y su comercialización. Pero además, el Estado peruano debe entender la necesidad de aceptar las posibilidades industriales y nutricionales de este arbusto. Para ello, se debe emprender una re ingeniería de ENACO para permitir su conversión del actual monopolio en empresas regionales con participación de los productores en su manejo, el establecimiento de precios y compartir las ganancias obtenidas. Escribimos este artículo-testimonio para que se conozca con anticipación de este intento de lograr una definitiva conciliación entre la Selva Alta y el Estado peruano y evitar así, cualquier copia o reproducción interesadas de nuestra propuesta.