Todos los días, Policías, Jueces, funcionarios, diplomáticos y periodistas nos “mecen” diciendo que el Perú libra eficazmente la guerra contra las drogas cuando todos sabemos que es una enorme fuerza económica que ha penetrado el comercio, la política y que muchas comunidades, colectivos y grupos viven perforados por el dinero del narcotráfico. El VRAEM, es la esencia de este cúmulo de fracasos del Estado peruano, una región estratégica conformada por territorio marginal de otras 5 regiones del sur andino, donde conviven nativos, colonos y cocaleros. Sin embargo, el Estado ha sido incapaz de llevar una propuesta de desarrollo sostenible para su población, pero tampoco ha sido capaz de desmantelar las grandes costras de crimen organizado que habitan en territorio peruano 

Este “cuentazo” está revestido de formalidad (convenios, cumbres internacionales, UNGASS, OEA manejados por diplomáticos que poco conocen del tema y el impacto de esta guerra inútil), esfuerzos de cooperación internacional dirigidos –como los que AID tiene como los amigos de CEDRO, Consult Andes, Info región y otros- y el manejo mediático y poco serio de inciertas cifras estadísticas, que son elaboradas a pedido, por los propios promotores de la Guerra, UNODC y el Departamento de Estado, a través de la Oficina de Drogas de la Casa Blanca. Así por ejemplo, tenemos con las cifras de erradicación forzosa de coca , particularmente en Aguaytía (3,864 hás), Selva Baja (13,805 has), Alto Huallaga (9,169 hás), Pichis Palcazú (5870 hás) y San Gabán (2,256 hás) en Puno, no tienen relación con la dinámica de los cultivos de coca, las posibilidades de resiembra (92% según la jefa de DEVIDA), o incluso el hecho que la tecnología que usan los narcos permite sacar mayor cantidad de droga con menor cantidad de cultivos. Solamente durante el gobierno de Humala se erradicaron 115,546 hás de coca y lo asumieron como un éxito, del mismo modo que antes en el Gobierno de Toledo, Rómulo Pizarro se enjuagaba la boca con el “milagro” San Martín. Lo curioso es que Humala llegó al poder con el voto de nacionalistas, izquierda y cocaleros, en 120 distritos con coca en el país, todos de índice de desarrollo muy bajo y con una población de 1,’ 457,139 personas. Su Reconversión productiva quedó en ofertas declarativas, y pagos a 2,000 productores (600 soles por mes por dos años), a costa de la bolsa pública y sin ninguna capacidad de monitoreo. Hoy PPK carece de cuadros o especialistas y ha tenido que abdicar entregando el gobierno a los mismos que han manejado la política de drogas en el país, que continúan apostando en una Reducción de Oferta, que tanto Europa, la ONU y EE.UU mismo, están dejando atrás.

La historia empezó en el segundo gobierno de García con el Plan VRAE 1 y el 2009, con el Plan VRAE 2. Primeros y tímidos intentos del Estado por conversar y coincidir con las cuencas cocaleras. Luego vendría Humala con el CODEVRAEM y su intento de reconversión productiva que derivó en un dialogo pasmado. Ahora le toca a PPK, que viajó en campaña, asumió compromisos, como en otras partes del país y se está olvidando de ellos. La verdad es que en el VRAEM hay una mayor densidad de cultivos (18,333 hás, 66,494 toneladas de hoja de coca, es decir el 69% del total nacional), se usan con mayor intensidad los agro químicos y un uso más racional de las cosechas de hoja de coca todo lo cual la convierte en el emporio de la exportación de PBC con destino a Bolivia y Brasil. Hasta agosto del 2015 por vía aérea (cuando se dio la Ley 30339), ahora por vía terrestre, a través de pistas, trochas y carreteas principales.

Ahora bien, veamos la performance de la PNP: 11.62 toneladas de PBC incautada y 8.44 toneladas de clorhidrato de cocaína. Algo similar ocurre con el control de los insumos químicos. La SUNAT ha mostrado su poca capacidad de cumplir el objetivo asignado por Humala a su pariente, cuando le encargó la tarea. Los que conocen dice que se trata de identificar e implementar un sistema amigable de control, con el concurso de los actores económicos que intervienen.

Ahora veamos la previsión presupuestal para el año 2017 (Proyecto MEF): 256 millones de soles para DEVIDA de los que 195 millones son para gastos corrientes y solo 61 millones para gastos de cápita. Otra perla más, 23 millones para la post erradicación, 72 millones para funcionamiento de unidades operativas de interdicción, 70 de ellos para erradicación de cultivos ilícitos. Se sigue insistiendo en hacerlas cosas mal, mantener el costo de una interdicción que daña solo a los más vulnerables. Veamos el caso del Ministerio del Interior: 26´919 millones para apoyo de acciones de erradicación, de los que 19 millones son para soporte aéreo y 21 millón para apoyo de la población erradicada. Más claro que el agua.