Uno de los pedidos del Ejecutivo al Congreso respecto de las facultades legislativas, se refiere al fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fundamentalmente a tres niveles. Uno se refiere al peso de los informes que emite, en términos probatorios, los mismos que en la actualidad no son vinculantes. El otro, se refiere al otorgamiento de facultades de coordinación con los órganos del sistema electoral, para evitar la infiltración en las campañas electorales, tal como lo expresara la Comisión de Narco Política, en diciembre del 2015. El último se refiere al tema del levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria. El fujimorismo mayoritario, se ha pronunciado en contra de estas medidas. Veamos por qué.  

En la sesión de la Comisión de Justicia del 21 de septiembre, elfujimorismo y el aprismo, votaron en contra del otorgamiento en lo que se refiere al fortalecimiento de la UIF, pues consideran que la norma sería inconstitucional por la posibilidad de invadir la privacidad de la información financiera de las personas, o que podría estar sujeto a persecución política, sin embargo esto no es así, es una excusa para evitar investigaciones útiles y necesarias. Es cierto que por la Constitución, son los jueces y fiscales los facultados, pero la UIF como entidad operativa debe tener la facultad, otorgada por los magistrados, de pedirles ese levantamiento de secreto a distintos particulares. No es ninguna intromisión, ninguna afectación al artículo 2.5 de la Constitución. De lo que se trata en definitiva, es entender si podemos aumentar los estándares de investigación y persecución financiera, en donde más daño se hace al lavado de dinero y por donde más ha penetrado el narcotráfico en la política.

En realidad, lo que el Gobierno había propuesto al Congreso, son 11 cambios al régimen de la UIF y con su voto en la Comisión de Justica impidieron (a modo de opinión consultiva que derivará a la Comisión dictaminadora que es Constitución). Por tanto, no es solamente la cuestión del secreto y la reserva bancaria lo que está en juego (que el fujimorismo considera inconstitucional porque desborda una facultad que el artículo 2.5 de la Carta da solamente al juez, al Fiscal de la Nación, y, a una comisión investigadora). ¿Pero quien dice que la UIF está pidiendo esta facultad? Lo que se está pidiendo darle es el derecho de iniciativa de levantamiento del secreto.

Otra de las atribuciones solicitadas, es el aumento de los sujetos obligados a brindar información sobre operaciones sospechosas, desde las cooperativas de crédito, las notarías, para citar un ejemplo. Desde el año 2006, en diversos períodos legislativos, en 10 oportunidades ha habido intentos de fortalecimiento de la UIF, pero siempre ha sido el fujimorismo y el aprismo los que se han opuesto, por supuesta infracción constitucional, cuando la opinión pública conoce que existen demasiados casos de crimen organizado alrededor del lavado de activos, asociados al Fuerza Popular y al Partido Aprista, como lo acreditan los casos de Joaquín Ramírez, Oropeza, para citar los más importantes.

30 años después de inicio de la lucha contra elnarcotráfico, el Perú está muy lejos de poder mostrar resultados sostenibles encualquiera de las áreas: interdicción(incautamos 8 toneladas métricas de cocaína y producimos más de 200), salud mental (450 centros terapéuticos, solo 6 registrados), Desarrollo Rural (70,000 productores con coca, 2400 atendidos en el VRAEM).Pero en donde si estamos en déficit es en el tema de investigación de criminalidad organizada y lavado de activos, pues países como Colombia, México, Chile o Ecuador nos superan largamente. La legislación penal común y las normas específicas sobre crimen organizado en el Perú son muy poco efectivas, peor sucede con las normas de lavado de activos, las mismas que no han logrado siquiera resultados a dos niveles: prevención y sanción. Alertamos a la opinión pública nacional, si en el pleno se les niega la aprobación de facultades, estemos atentos del voto de la Sra Karina Beteta, Becerril, Reátegui, Velásquez Quesquén, entre otros; ellos construyen su propia Unidad de Impunidad Fujimorista