Ahora ya en el Gobierno, vemos con sorpresa el primer anuncio importante del Ministro el Interior, Carlos Basombrío, quien proviene de las canteras del IDL y del cual recuerdo su participación en el proceso de visibilización del problema de los condenados injustamente por terrorismo en la época de Alberto Fujimori, precisamente, por las mismas causales de lo que ahora le propone al país en materia de persecución del delito. Basombrío expresa que va a masificar el sistema de recompensas establecido en el Gobierno de Humala, no solamente para los delitos más graves, sino para el conjunto de la actividad criminal. Con razón señala el Ministro, quiere invertir el actual miedo ciudadano a ser víctima de un delito, y trasladarlo al mundo criminal: que los delincuentes sean víctimas del miedo a ser señalados y denunciados.

Si bien la propuesta parece buena, la aplicación del sistema de delaciones por recompensas tiene severos riesgos, de los que la experiencia peruana, no escapa. El incentivo a ser beneficiario de una importante recompensa, puede tener como consecuencia el inicio de una guerra de acusaciones y delaciones que ya ha ocurrido en el caso antes mencionado de los años 90 y más cerca en el tiempo, ha sucedido con el sistema de recompensas en la Selva Alta entre los años de 2008/2012, especialmente con la “Operación Eclipse” contra los productores campesinos de la Selva Alta, muchos de ellos injustamente detenidos, hasta la fecha: con denuncias basadas en colaboradores eficaces “profesionales” (en el mal sentido de la palabra) que son usados indiscriminadamente para diversos procesos. En buena cuenta, el ofrecimiento de un dinero fácil pueden llevar a un peligroso proceso de denuncias, acusaciones, sindicaciones, testimonios, que bien decía el congresista y vocero del Frente Amplio, Marco Arana, pueden asemejar nuestra realidad al del Lejano Oeste norteamericano, en donde el sheriff deja que cualquiera pueda intervenir para atrapar a los malos o a los indios……

El otro mal precedente del sistema de recompensas es más actual. Se refiere a la denuncia de conocidas periodistas televisivas al mal uso realizado por malos elementos de las FF.AA. para el funcionamiento del sistema de pagos encubiertos a informantes en el VRAEM. Los riesgos de un uso indebido están allí de no cautelarse el manejo que se hacen de cuentas encubiertas o secretas. 

En definitiva, si este es el primer gran producto que nos muestra el Gobierno de PPK, para siquiera abordar el complejísimo problema de la inseguridad ciudadana en el Perú, tenemos que describirlo como claramente insuficiente, riesgoso para el buen funcionamiento del sistema criminal, y que no ayuda siquiera a contemplar las dos grandes cuestiones que el nuevo Gobierno y el Congreso deben empezar a abordar: (i) las causas que originan la pequeña delincuencia, esto es prevención del delito (priorizar juventud en riesgo en los Programas Sociales), y (ii) ayudar a afinar y ajustar el trabajo que realiza PNP, MP y PJ, para que estos actúen de manera coordenada, en los grandes y en los pequeños casos, de modo que la cárcel quede reducida al espacio adonde llegan los verdaderamente responsables y “rankeados”, mientras que al grueso de la población penal primaria se le brindan medidas alternativas.

Consideramos que si el Ministro quiere hacer buena letra, debe encontrar armonía entre el corto plazo y el estratégico largo plazo, así como una propuesta integral que aborde todos los factores que inciden en la actual situación. Desde lo policial, a lo social, desde lo tecnológico, hasta el sentido ético, desde lo preventivo, hasta lo represivo. Insistimos, no hay salidas fáciles y si el resto de sus solicitud de facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana tendrán las mismas características que la de las recompensas por doquier, no le auguramos un buen futuro, ni el apoyo del Congreso.