Es indudable que en Colombia y el mundo en general, todos los actores de la sociedad colombiana y latinoamericana desean que esto se cumpla, para poner fin a 50 años de conflicto armado, pero existe el temor fundado que el elemento de la politización o la complejidad misma del tema pueda distorsionar el sentido de la realidad sobre el cumplimiento y el abordaje real de los problemas que se encuentran detrás de las conversaciones.

Por otro lado, el modelo económico sobre el que se asienta en la actualidad la sociedad y el Estado colombiano, no están siendo objeto de discusión en La Habana y esto puede obstaculizar varios de los puntos acordados, como es problema de la tierra/reforma, debido entre otros a dificultades presupuestales para financiar el post conflicto. Basamos este Informe, en tres elementos críticos.

Es el caso del tratamiento durante los diálogos al problema del Narcotráfico y los Acuerdos sobre cultivos ilícitos (pto Cuatro).

Los obstáculos en este sentido, provienen tanto por parte de las FARC, como del propio Gobierno, que no reconocen primero sus propias responsabilidades históricas en el surgimiento, evolución y actuales dinámicas de estos problemas complejos (producción, transformación y exportación de droga).

Así como tampoco reconocen, los límites de su acción y buenos deseos –reflejados en los Acuerdos- para acabar con la demanda internacional de drogas que se convierte en el verdadero combustible de la aparición de la Oferta ilegal de coca/cocaína. Poco realismo para entender que no serán capaces de acabar con éste en Colombia.

La primera, las FARC, está interesada en asegurar el proceso de reinserción de sus miembros en condiciones no solo de igualdad, sino de seguridad concreta para los que se desmovilicen y de seguridad jurídica para sus líderes (justicia transicional, punto III); por parte del gobierno de Santos en representación del Estado colombiano, desconoce su responsabilidad en todo este proceso histórico de presencia y crecimiento del narcotráfico en Colombia, en una difícil situación en la que el Presidente requiere con urgencia la capitalización político electoral de la foto de la firma del Acuerdo con Timochenko.

Pese al hecho de la oportunidad histórica en la que se produjeron los Acuerdo sobre Drogas y Cultivos entre 2012/2014, en medio de un discurso renovador y reformista previo a UNGASS (abril 2016), el Gobierno colombiano no ha podido reflejar la misma intención en las políticas domésticas sobre drogas. Incluso se vuelve a plantear el tema del reinicio de la fumigación como consecuencia del crecimiento descontrolado de los cultivos de coca en los últimos dos años de las conversaciones de paz (de 48,000 el 2014 a 69,000 hás el 2015, y luego a 95,000 hás el 2016 con cultivos de coca, respectivamente); recientemente, Presidente Santos hizo una analogía entre Bronx y Catatumbo, que pone en pie de duda la legitimidad de su posición, frente al problema real de los campesinos, indígenas.

Un segundo elemento crítico, que puede obstaculizar y dañar seriamente el proceso de paz, es el carácter político electoral que adquiera el propio proceso, la firma del acuerdo y su implementación, conforme se aproxime el proceso electoral del 2018 en Colombia. Por parte del uribismo, acompañado de la posición del actual Procurador General Ordoñez, se produce un efectivo aprovechamiento político de las debilidades de las que acusa al Gobierno de Santos durante el proceso de negociación; esto a su vez, cierra las posibilidades del Presidente para mostrar una mayor apertura que puede ser vista como síntoma de debilidad.

Las acciones destinadas a blindar jurídicamente los Acuerdos a los que se lleguen (vía reforma constitucional o consulta popular), llevan a un creciente enfrentamiento político y mediático entre el uribismo y la coalición de Gobierno; la reciente declaración sobre la amenaza de una guerra urbana de las FARC demuestran cómo se recurre al miedo de la población colombiana. De otro lado, se deben considerar las consecuencias de la aplicación del DIH y la Convención de Ginebra de 1949 (discusión sobre el número y condición de las denominadas zonas campamentarias, es decir las zonas de concentración y de ubicación de ex combatientes, bajo protección del DIH) , para proteger dichos acuerdos durante el proceso de desmovilización, así como otorgarle facultades al Presidente para expedir decretos;

Un tercer elemento distorsionador son la naturaleza de los acuerdos que se suscribieron en el punto 4 en relación al Narcotráfico, el fenómeno de las Drogas y los cultivos ilícitos, todos ellos que exceden las competencias y buenas intenciones del Gobierno. Como ocurre en los otros puntos de los Acuerdos, donde por su complejidad estos cumplimientos tienen severos problemas prácticos, presupuestales y operativos. Es un asunto de pragmatismo y realismo sobre la aplicación y funcionamiento de los Acuerdos.

El éxito de dichos acuerdos se sustentan fundamentalmente en la idea de una erradicación gradual de los cultivos de coca (primero voluntaria, luego forzosa y finalmente, mediante fumigación). No analiza las serias limitaciones de la erradicación de cultivos como instrumento de política pública, que no considera factores históricos como la movilidad de los cultivos, el “efecto globo” (dentro y fuera de las fronteras), su fragmentación en espacios más reducidos, así como los cambios tecnológicos que permiten mayores niveles de productividad de cocaína, de un mismo volumen de coca.

Esto va emparejado del problema del surgimiento de nuevos actores como las BACRIM que pudieran reemplazar –como definitivamente está ocurriendo- en los territorios, a las FARC como factor histórico de regulación del mercado de la cocaína desde Colombia (¿carteles mexicanos como el de Sinaloa?). Según INDEPAZ, existen en 149 Municipios en 22 departamentos del país y su accionar es muy similar al de las AUC . Son los retos del asentamiento de la alta criminalidad en los territorios que han llevado incluso a permitir el bombardeo de estos grupos, por el Ministerio de Defensa (Directiva Permanente Número 15 de abril de este año).