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LOS DILEMAS DEL VRAEM, TRAS EL ATAQUE.

Como hace 35 años, Sendero Luminoso se aprovechó del mandato constitucional que reciben las FF.AA para distribuir y vigilar el desenvolvimiento de las actividades electorales del 10 de abril, para producir el repudiable asesinato de 8 efectivos militares y dos civiles, por parte de la columna de Pucañahua y Shapo, en las inmediaciones de Santo Domingo de Acobamba, además del ataque a una embarcación sobre el río Apurímac Ene, a la altura de Llochegua. Más allá del impacto que pudiera haber tenido en el ámbito electoral, lo cierto es que se produjeron una serie de otras reacciones que ponen en evidencia el fracaso del Estado peruano para entender esta región.

Publicado: 2016-04-13


Primero, vino la reacción de parte del Presidente de la República, quien se dirigió el 11 de abril a la zona y desde donde brindo acidas declaraciones sobre este terrible acontecimiento . Es decir el uso electorero por parte de Fuerza Popular y sus candidatos que no tardaron en culpar al Gobierno del Presidente Humala, por la falta de eficacia en la lucha contra el terrorismo. El Ministro de Defensa, dijo que en este Gobierno cayeron Artemio, uno de los hermanos Quispe Palomino y otros mandos específicos de SL. De parte del Gobierno a través de DEVIDA, Comisión Multisectorial VRAEM y el sector Defensa, IV División del Ejército. Respecto a posibles fallas en la forma como se produjo la emboscada, el Comando Conjunto confirmó el inicio de una investigación.

En su visita, el Presidente Humala se encargó de describir las acciones de su gobierno sobre reconversión productiva, la distritalización de diversas localidades (Unión Mantaro, Natividad), y seguridad, hasta por 7,000 millones de soles. Sin embargo, debemos recordar que pende como Espada de Damócles sobre la población campesina, el posible impacto del Decreto legislativo 1241, las acciones que realiza la Policía de incautación de hojas de coca a la población, así como la reciente intervención d detención de un traficante y un enfrentamiento con la población que ocasionó un muerto.

Por su parte los analistas cercanos a la Embajada de los EE.UU plantean la hipótesis de una “narco guerra” entre senderistas de los Quispe Palomino y militares por el control de rutas estratégicas de salida de la droga, quitándole cualquier sentido político al alevoso ataque. En tal sentido, debemos contemplar el posible efecto de la Ley de Derribo aéreo sobre la producción y la dinámica del narcotráfico, es que promueve la salida por tierra de la droga y ello refuerza –económicamente- a las alicaídas huestes de SL. Sin embargo, la reducción del precio de la coca en el VRAM (en 42% dice el gobierno), no se refleja en la reducción del precio de la pasta base ni del clorhidrato de cocaína.

Lo esencial es que sobre el VRAEM prevalece una política discursiva y poco efectiva, que no ha considerado –ni en los diálogos ni en la definición de políticas públicas- a los actores más importantes, los pobladores, ronderos, campesinos y cocaleros de la zona. En el gobierno humalista, han sido los militares y su equivoca concepción de paz y desarrollo los que han impedido una acción más efectiva del Estado civil y una dependencia a los Programas Sociales.


Escrito por

Ricardo Soberón Garrido

Abogado, con MA en Relaciones Internacionales, analista especializado en Drogas, Seguridad y Amazonía.


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