La re captura de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, en un motel de Sinaloa, paga una deuda del Gobierno de Peña Nieto, que le permite “lavarse la cara” luego del fiasco de su fuga de cárcel de máxima seguridad del Altiplano (Estado de México), apenas recién iniciado su mandato, hace medio año. Ahora, deberá decidir entre, asegurar su prisión o enviarlo extraditado a EE.UU, reconociendo de paso, la debilidad del sistema judicial y político mexicano para resguardarlo.

La historia del “Chapo”, nos recuerda algo. Que el crimen organizado mexicano alrededor de la exportación de cocaína y metanfetamina a EEUU, está presente en la escena pública y política del Perú desde 1995, cuando Montesinos definía el mercado de exportación de cocaína. Esta situación continuo durante la transición democrática, en los tres últimos gobiernos hasta la política nacional actual (ver Informe Narco Política, Congreso de la República, diciembre 2015).

Veamos 4 hechos objetivos, que indican –no la responsabilidad penal de los involucrados, que debe ser determinado por MP/PJ- sino la profunda fragilidad de los “principales” 4 partidos/movimientos políticos compitiendo en las justas electorales de abril del 2016:

• “Fuerza Popular”. Un movimiento masivo, populista que surge del recuerdo de la década del fujimorismo en el Gobierno 8así como el pasivo de Montesinos). Tiene tres casos de financiamiento de TID y participación directa. Muestran que su avidez por apoyo político, le impide tener canales de control adecuados. Primero, el caso de Luis Santiago Calle Quiroz; se trata de aportes por US$ 13,000 de una persona que está en el Drug Kinpin Act de EE.UU , en la Campaña de Keiko Fujimori, por Fuerza 2011. Calle es un empresario peruano español, era parte como “donante”, en una red de lavado internacional de dinero asentada en España. Su hermano Juan José, fue integrante del equipo técnico, realizó otro aporte similar. Solo en octubre del 2013, dos años después, Jaime Yoshiyama dijo que devolvió el cheque a nombre de calle.

No solo se debe comprobar la devolución efectiva del cheque en la Notaría Pinedo, sino lo más importante, qué medidas se han tomado dentro de FP para evitar estos forados. Luego, tenemos el caso “Barranca”, que involucró en el 2014, la remesa de cocaína a México, en el vehículo de un candidato de Fuerza Popular, en las elecciones del 2014; finalmente, las circunstancias en las que empresas de las que su hermano, el congresista Kenji Fujimori es socio, han sido preñados reiteradamente con droga (Limasa).

• “Perú Posible”: El caso del congresista José León Rivera, el caso “Huanchaco” ocurrido el 29 de agosto del 2014, que involucró la incautación de 7 tm de cocaína, de la mafia mexicana, a nombre de Marco Rodríguez Torres, alias “Lid”. El congresista alquiló inmueble de La Rivera 340, a miembros de mafia mexicana del cartel de “Nuevo León”. Fue solo suspendido.

• Caso “Alianza Popular”. El PAP tiene un amplio antecedente de vinculaciones con el narcotráfico, pero ahora tiene el caso de “narco indultos” sobre el excesivo otorgamiento de gracias y conmutaciones a 1,167 presos por TID, incluyendo tipo agravado. Si bien este proceso tuvo 14 procesados/acusados funcionarios, así como una Comisión Investigadora, pero no tuvo al responsable político, el presidente García, por las buenas relaciones en PJ/TC. Este caso y sus ramificaciones, determina el tipo de relaciones del Partido Aprista con el clan de la familia de los Oropeza en el distrito de San Juan de Lurigancho, incluido el manejo de empresas de limpieza dentro del Ministerio Público y el Poder Judicial, así como el sostenimiento de actividades de TID desde el VRAEM, al exterior (Pisco, Callao, Paita). Es la muestra de la fragilidad de un partido político de “viejo cuño”.

• Caso Acuña. Es un clan de 12 hermanos proveniente de Chota, Cajamarca, 3 con participación política, a partir de Universidades; congresista, alcalde, Gobernador Regional en La Libertad, una región desde donde sale cocaína, directamente a Chimbote y hacia el norte. Su padre Héctor Acuña Cabrera, vinculado a Perciles Sánchez Paredes (sierra de Libertad, Santiago de Chuco).

En este contexto, ¿dejaremos nuevamente los peruanos que nos gobiernen los mismos que siempre fueron tan inútiles para prever y garantizar la seguridad o impedir el crecimiento de la corrupción y el narcotráfico? Hoy ofrecen de todo, como siempre. Necesitamos producir reformas estructurales, en la sociedad, en la Policía y en los jueces. En materia de Seguridad, no sirven las ofertas sueltas. La seguridad para el Nuevo Perú, la construimos todos, barrios, urbanizaciones, vecinos, jueces, ciudadanos, solo si aceptamos que debe haber cambios profundos en las instituciones, en los procedimientos, en los enfoques.