Como ha ocurrido en anteriores oportunidades en este mismo Gobierno (y en los dos anteriores, de García y Toledo), el Poder Ejecutivo solicita y obtiene de un inocuo Congreso aunque con dificultad, las facultades especiales necesarias para legislar en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la delincuencia. Seguramente propondrán otro paquete legislativo, nuevas figuras penales (sicariato), atribuciones en puertos, facultades especiales y alguna otra facultad especial en materia de investigación y enjuiciamiento, pero que no tendrá su correlato en el aspecto presupuestal y mucho menos, abordará los temas de fondo para la prevención del delito (educación, trabajo, participación comunitaria).

La experiencia latinoamericana ha demostrado que el discurso aislado de la mano dura , es altamente ineficaz para controlar el delito; solamente distrae a la población. Los últimos tres gobiernos han apostado por ese discurso generando inseguridad y mayor encarcelamiento. En todo caso, estas requieren políticas sociales y económicas que estén dirigidas puntualmente a la atención de la juventud (trabajo y servicios).

Mientras tanto y lejos de la verdad de los estudios, encuestas e indicadores existentes en materia de percepción, victimización (ILANUD, Latin barómetro, INEI, Observatorios diversos), la prensa de todos los días sigue alimentando entre la población la idea que vivimos en el lejano oeste y donde la inseguridad es creciente.

¿Cuál es la verdadera y crítica situación? Un profundo irrespeto a la ley por los peruanos; altísimos niveles de permisividad de los delitos; total descredito de lo público; desconfianza absoluta en policías, jueces y fiscales. Hoy en día, la extorsión, distintos grados de corrupción, el aumento del hurto, el TID, son formas de paliar la crisis económica y la falta de oportunidades.

Se acerca la campaña electoral y seguramente este tema será uno de los importantes temas de discusión en búsqueda del voto. Arreciarán la mano dura, las promesas de más palo, más represión, creyendo que eso mejorará la situación. Preferimos proponer a la ciudadanía peruana, una agenda para los próximos cinco años para la recuperación de la Seguridad Ciudadana a nivel nacional de carácter progresista, preventivo y no reactivo, que esté compuesta por los siguientes aspectos:

1)  Actuar en el Barrio: hacia un compromiso de la ciudadanía y Municipios por incorporar una mayor atención en la seguridad vecinal, a través de los Comités, las Juntas, con el objetivo de recuperar el espacio público y la confianza ciudadana. Los servicios de serenazgo, deben funcionar de forma integrada, a nivel metropolitano. Se le debe dotar de algún nivel de disuasión mayor que la del silbato.

2) Actuar en casa: La familia, la Escuela y el Ministerio de Educación, deben recuperar su atención, afecto, autoridad y compromiso, por los niños y adolescentes del país, con énfasis en los más vulnerables (falta de servicios, hogares en abandono, zonas inseguras).

3) Actuar en la prensa: políticas empresariales de Tolerancia Cero, reducción de publicidad, en el caso de expendio de alcohol y tabaco, especialmente en el caso de menores; mesura en contenidos y en el abordaje de la delincuencia.

4)  Actuar en el Estado. Como antes no se ha hecho, el próximo Presidente debe liderar la conducción del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, de forma periódica y permanente, en sus discursos, en sus acciones, en sus visitas, en sus despachos, para fortalecer el sistema criminal. Debe haber decisión política, una programación penal clara y concreta, y capacidades especiales para el crimen organizado (Lavado de activos, organizaciones complejas, carácter trasnacional y afectación de sus patrimonios)

5)  Nada cambiará si no hay un cambio fundamental en el funcionamiento del sistema de política criminal a cargo de PNP, MP, PJ e INPE, que hoy se encuentra desbordado, es ineficiente. Se debe trabajar y acordar un compromiso político a largo plazo que asegure: eficiencia en la investigación, capacidad selectiva, máximo rigor

6)  A nivel de la PNP, comprometer un liderazgo y gestión civil que inicien conduzcan y culminen, reformas en su doctrina, educación valores, moral y sentido ético; asimismo, en su régimen laboral (eliminación del 24 x 24) su situación salarial; en su organización y funciones, especialmente en la investigación e inteligencia policiales, en la DIRINCRI, DIRANDRO. En este último campo, implementar modelos disuasivos como los que se han llevado a cabo en Nicaragua, Brasil, Colombia. En el campo administrativo, mejorar la ejecución y control del gasto corriente y en la adquisición de bienes y servicios.

7)  A nivel del MP y PJ se debe culminar el proceso de reforma del nuevo Código Procesal Penal, se deben retomar las reformas de la CERIAJUS, y de alguna forma lograr el apoyo de sus órganos de gobierno, para su implementación efectiva.

8)  El sinceramiento, sistematización, consolidación de las cifras sobre criminalidad, delincuencia y seguridad ciudadana en manos de un solo Observatorio, disponible, confiable y transparente. La única forma de paliar la sensación de inseguridad y miedo en la población es con la entrega oportuna y periódica de información fidedigna

La única forma de lograr que se implementen estas ocho acciones, es generando un compromiso político entre todos los partidos políticos y candidaturas presidenciales de cara a las elecciones del 2016, así como por las cabezas de los Poderes del Estado y el Acuerdo Nacional, en su implementación y monitoreo.